El 30 de enero de 2026, Lima anunció la paralización de la vía rápida Javier Prado–Begonias–Sánchez Carrión. Once días después, El Golf–Los Frutales corrió la misma suerte. Dos proyectos viales. Dos anuncios de suspensión. El mismo patrón de siempre.

Según el Instituto Peruano de Economía, en los últimos 10 a 12 años se han paralizado alrededor de 65,000 obras públicas en el Perú. Hasta enero de 2026 se registraban 2,741 proyectos de infraestructura inconclusa, 325 más que el año anterior. La Contraloría estimó que estas obras representan inversiones por más de S/. 67,139 millones.

Los especialistas coinciden: el problema llega mucho antes del primer ladrillo. Los expedientes técnicos deficientes y los estudios de preinversión de baja calidad hacen que, cuando el contratista llega al terreno, la realidad no tenga nada que ver con lo que decían los documentos.

Cada cambio de administración trae nuevos equipos, nuevos diagnósticos y nuevas decisiones sobre proyectos que otro inició. La inversión comprometida en obras paralizadas superó los S/. 67,139 millones al cierre de 2025. A setiembre del mismo año, 2,215 proyectos acumulaban S/. 42,362 millones inmovilizados.

Carlos Morales, arquitecto urbanista, lo describe sin rodeos: cuando cambian las autoridades, cambian todos los responsables. Se contratan nuevos técnicos, se encargan nuevos estudios, se elaboran nuevas partidas presupuestales. El tiempo se agota, el presupuesto crece y la obra sigue sin terminarse.

Cuando un proyecto vial se paraliza, la promesa era menos tráfico. Lo que queda es más caos. Los desvíos improvisados alteran rutas que miles de personas recorren cada día. Las calles bloqueadas cortan el acceso a negocios pequeños que dependen del flujo diario de gente.

El Ministerio de Transportes identificó que las fallas en expedientes técnicos y las ampliaciones de plazo pueden elevar los costos entre 20% y 30%, además de generar pérdidas indirectas en productividad. En zonas donde el transporte público ya es escaso, el impacto es aún más severo. Cada promesa incumplida erosiona la confianza ciudadana en el Estado.

Las obras inconclusas del Perú no son accidentes. Son el resultado de decisiones —o de la ausencia de ellas— acumuladas durante décadas. Expedientes mal hechos, cambios de gestión que reinician procesos enteros, presupuestos que se inflan sin control, y una cultura institucional que premia el anuncio sobre la terminación.

El problema no es la plata. Es lo que se hace con ella antes de gastarla.

Fuente: Nexos – Univ. de Lima · Contraloría · IPE · MEF · MTC | Junio 2026